Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos en su búsqueda por consolidar una democracia sustancial. Más allá de las formas electorales y las pugnas ideológicas, persiste una crisis de fondo: la desconfianza estructural hacia el liderazgo, tanto público como privado. La instalación del nuevo Congreso y los diferentes pronunciamientos han dejado en evidencia que la comprensión del poder, de la ética y de lo público no transita necesariamente por caminos de virtud, sino de intereses enfrentados, discursos polarizantes y estrategias de poder que profundizan la brecha entre instituciones y ciudadanía.
En este escenario, el verdadero debate no es si la democracia está en riesgo, sino qué tipo de liderazgo la sostiene o la socava. El país necesita con urgencia líderes éticos capaces de navegar en medio del conflicto sin recurrir a atajos populistas, sin justificar el fraude como daño colateral a la actividad de gobernar, ni reducir la participación política a una puesta en escena ideológica. Estamos ante una nueva configuración del liderazgo: más horizontal, pero también más expuesta a la deshumanización. El poder tecnificado, los algoritmos que reemplazan criterios, la opacidad de la gestión pública y la corrupción son síntomas de una sociedad que perdió el alma ética de sus decisiones ¿Es posible hablar de democracia cuando se naturaliza el fraude fiscal o cuando actores del Estado justifican el uso del poder para perpetuar narrativas de exclusión?
El liderazgo colombiano, en todos los sectores, debe asumir que el conflicto no se resuelve con narrativas identitarias ni con promesas mesiánicas, sino con estructuras sólidas de transparencia, participación real y formación ética. Colombia requiere de líderes transformacionales. La propuesta es clara: necesitamos una gobernabilidad ética, con mecanismos de conformidad efectivos, con liderazgos que rindan cuentas no solo frente a la ley, sino frente a sus comunidades. La ética no puede ser solo un protocolo de buena conducta; debe ser el ADN del liderazgo en la empresa, en la universidad, en el Congreso y en el Ejecutivo. La educación superior debe asumir un papel protagonista en esta transformación. No solo formando competencias técnicas, sino cultivando el juicio ético, el compromiso ciudadano y la capacidad de deliberación. Universidades que reproducen el statu quo sin cuestionarlo pierden su misión histórica.
La democracia exige contradictores, deliberación argumentada, no imposición de visiones únicas. Una democracia sin escucha, sin cuidado del lenguaje, sin reconocimiento del otro, es solo una coartada del poder. Tampoco es posible sostener una democracia saludable si el empresariado se enroca en el privilegio sin propósito social o si las universidades continúan reproduciendo modelos formativos alejados del país real. El liderazgo ético no es tarea de un solo sector; es una responsabilidad colectiva. Este es el momento de diseñar una nueva arquitectura ética para el país, que parta del reconocimiento del conflicto y que reivindique el liderazgo como servicio. Una democracia sin ética es solo una fachada vacía.
Hoy, Colombia no necesita más polarización. Necesita líderes con vocación pública, capaces de construir desde la diferencia, de dialogar sin transar principios, de cuidar la verdad, la justicia y la dignidad humana. Porque el futuro de la democracia no depende solo del voto, sino del carácter de quienes guían sus instituciones.
Artículo publicado originalmente en La República
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